Menores tras las rejas

Panorama de un conflicto social y judicial. En la Argentina, más de veinte mil niños y adolescentes están privados de la libertad. El 87 por ciento es por causas asistenciales, es decir que sólo el 13 por ciento está detenido por hechos delictivos.


Según surge del primer informe nacional sobre menores privados de la libertad, presentado el último mes de julio por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y UNICEF, “chicos con causas asistenciales comparten el mismo establecimiento con menores con causas penales”. El informe especificó que el 87 por ciento de los menores está bajo un régimen de encierro y no por “la comisión de un hecho delictivo sino como consecuencia de carencias socio-económicas”.
Se presume que los jóvenes, por su condición de “inimputables”, no reciben castigo alguno por parte del Estado cuando cometen delitos. Se dice que entran por una puerta y salen por otra. Nada más alejado de la realidad.
Las leyes penales de menores disponen que a partir de los 18 años sean sometidos a un juicio penal similar al de los adultos. Iguales consecuencias pueden sufrir quienes se encuentran por debajo de esa edad, con excepción de la posibilidad de aplicarles una pena de las previstas en el Código Penal. En todos estos casos la privación de la libertad se fundamenta en la personalidad, “estado de riesgo y pobreza”, condiciones personales, familiares o la necesidad de ser protegido -tutelado-. Este sistema que posibilita la privación de libertad, da lugar a prácticas discriminatorias y selectivas, lo que repercute en una mayor violencia hacia los niños y jóvenes más pobres. Las llamadas “medidas tutelares o de protección” son verdaderas penas encubiertas libradas a la completa discrecionalidad de los jueces de menores.
Diversos análisis nacionales e internacionales sostienen que estos sistemas son ineficaces para controlar la expansión de la delincuencia y, a su vez, favorecen la criminalización y estigmatización de los niños que, en muchos casos, sin haber sido imputados de delito alguno, son aprehendidos por la policía e, incluso, ingresados a recintos privativos de libertad para su supuesta protección; cuando hay una problemática de pobreza y exclusión de fondo.

Josefina Chávez